Nuevamente la mayoría de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del Perú decidió archivar (con pretensión perpetua) la Resolución Legislativa 239 que buscaba ratificar el Acuerdo de Escazú que, como tratado internacional (felizmente ya en vigor desde abril del año pasado) tiene como objetivo fortalecer los derechos relacionados a la justicia ambiental, participación ciudadana, transparencia y a la protección de los defensores ambientales de América Latina y el Caribe. Así es como una rancia mayoría de congresistas ha apartado a nuestro país de los esfuerzos regionales de lograr una verdadera protección de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y de obtener la rendición de cuentas claras y control de la corrupción en las decisiones ambientales.

Nuestra adhesión al Acuerdo ¿implicaría un presunto atentado contra nuestra soberanía o una intromisión de organizaciones no gubernamentales en las decisiones del país como arguye el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso? No. La aprobación del Acuerdo no faculta a ningún país para que intervenga en asuntos internos de otros, no deroga ni crea normas, más bien conlleva el compromiso de los Estados de avanzar hacia estándares ambientales que deberán ser definidos por ellos mismos de acuerdo a sus realidades en el modo y en el momento que lo decidan sin existir obligaciones coercitivas.

En conclusión, la ratificación del Acuerdo de Escazú debe ratificarse de una vez por todas y no dejarse para las calendas griegas o esperar a que las víboras pateen. Nuestra región tiene el deber de garantizar el derecho de las generaciones presentes y futuras a un medio ambiente sano, al desarrollo sustentable con democracia, transparencia y bienestar. Jesús Véliz Ramos