Mucho después de que el presidente Pedro Castillo, prometiera, ante la Asamblea General de la ONU, declarar de interés nacional la “emergencia climática” en nuestro país, por fin el miércoles 19 de enero (cuatro días después del mayor siniestro de la historia del petróleo en el Perú, provocado por el derrame de petróleo frente a la costa peruana) se vio obligado, por las circunstancias, a firmar el decreto supremo respectivo, el mismo que a la fecha no es publicado por lo que no puede entrar en vigencia.
Sin embargo, es necesario aclarar que las medidas, que implican un estado de “emergencia climática”, no deben confundirse con la urgente remediación puntual referida al derrame de petróleo de responsabilidad de la multinacional REPSOL que está afectando dos grandes áreas naturales protegidas en las regiones de Lima y Callao.
Declarar una “emergencia climática” conlleva la adopción de normas y medidas en favor, principalmente, de la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero provocadas por el uso de los combustibles fósiles, hasta llegar a cero en un plazo que debe determinarse.
Enhorabuena, entonces, que en razón a la emergencia climática (si esa es realmente la voluntad política) se inicie el proceso de reducir nuestras emisiones camino hacia la transición energética, es decir no depender de los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) y marchar hacia las fuentes de energías limpias y renovables. El sol y el viento, a fin de cuentas, bajo ninguna circunstancia, contaminarían nuestros mares y ríos, como sí lo hace el petróleo, por ejemplo.
En relación al derrame de petróleo ocasionado por REPSOL debe procederse, con la máxima severidad, contra los que resulten responsables, siendo la cabeza más visible la empresa española Repsol, con el objetivo principal de hacer respetar nuestra soberanía en los espacios marítimos que nos pertenecen y en salvaguarda de nuestros ecosistemas y la protección al medio ambiente marino.
Pero, ¿ahora qué hacemos con nuestra emergencia climática si justamente se está potenciando a Petroperú para la producción de petróleo y gas? ¿Y qué hacer con los congresistas derechistas que están impulsando un proyecto de ley para que los contratos de explotación de hidrocarburos, que están por vencerse y los futuros, sean de 40 años y se prorroguen por “20 años sucesivos por cada vez”?
En conclusión: ¿Y qué de las medidas de mitigación que están encaminadas a reducir y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Para cuándo el proceso de transición hacia el uso de energías renovables? Jesús Véliz Ramos
