Los conflictos sociales en Perú, que se encontraban latentes, recobraron vigencia y se están extendiendo por todo el país sin que el gobierno muestre señales de reacción para resolver dichos problemas.

Sin ninguna estrategia -para enfrentar las huelgas, bloqueos de carreteras, reclamos urgentes por promesas incumplidas- el gobierno del profesor Pedro Castillo, se tambalea peligrosamente ante el regocijo de la derecha y ultraderecha peruanas. En realidad, el gobierno es un barco a la deriva.

Según la Defensoría del Pueblo, en el mes de febrero pasado, había 203 conflictos sociales acumulados, cinco más de tipo socioambiental que el mes anterior. En razón a ello, hubo 264 movilizaciones de protesta masiva en el mes de febrero, 19 más que el mes anterior.

En la práctica se puede considerar al país como un territorio minado de conflictos por cuanto solo en la semana del 24 al 30 de marzo pasado, catorce conflictos sociales estallaron como consecuencia de la incapacidad del gobierno para controlar la situación mediante soluciones concretas.

No solo son los factores internos los que han agravado la situación de la crisis generalizada, sino también son las repercusiones de la guerra las que han provocado el alza del precio de petróleo y sus derivados. Ante tal situación el lunes 25 de marzo los transportistas de carga pesada bloquearon más de 40 carreteras nacionales generando el desabastecimiento de productos de primera necesidad, que a su vez fue determinante para su escasez y especulación, siendo los más perjudicados los sectores populares pauperizados que reaccionaron espontáneamente movilizándose ganando las calles y plazas.

Mientras tanto, los partidos políticos, tanto de derecha, ultraderecha e izquierda, sin ninguna base ni respaldo social, solo se están limitando a lanzar consignas mediante las redes sociales. En el caso de la derecha y ultraderecha, que controlan los grandes medios de comunicación masiva, difunden noticias falsas y sensacionalistas, además de infiltrar agitadores y delincuentes en las protestas multitudinarias de los últimos días sobre todo en Huancayo, ciudad ubicada en la sierra central del Perú en cuyo valle se produce una gran variedad de productos agrícolas que garantizan la demanda sobre todo de Lima que tiene una población que supera los 10 millones de personas. Se anuncia que, en los próximos días, Cusco y Arequipa adopten similares medidas de paralización de sus actividades, condenando además la represión sufrida por la población de Huancayo donde se ha causado tres muertes, decenas de heridos y detenidos.

Países vecinos aún no enfrentan conflictos sociales como Perú en la medida que, por ejemplo, están efectuando reformas tributarias y aplicando impuestos a las super ganancias de las transnacionales mineras por el aumento de precio de los commodities. Sin embargo, en Perú las únicas beneficiadas, con las super ganancias sin inversión adicional alguna, son las grandes mineras que exportan nuestros recursos como el oro, zinc y cobre que gozan de gran demanda mundial en estos momentos. El actual gobierno peruano se niega a aplicar impuestos a dichas super ganancias.

Es así como a 8 meses de gobierno del profesor Pedro Castillo, y de su partido Perú Libre, más interesan los asuntos particulares, y los deseos insaciables por la cuota de poder, lo que ha generado incontables conductas delictivas tanto en el poder Ejecutivo como en el Congreso, todo ello con descaro absoluto y de grosero desprecio a las necesidades urgentes de un pueblo asolado por la pandemia y la crisis económica. El sueño de la transformación, entonces, se ha convertido en una verdadera pesadilla.  

El presidente Castillo invoca reiterada y ritualmente al pueblo sin embargo nada hace por mejorar su situación cada vez más pobre. Dice ser de izquierda, pero tanto él como el partido que lo sostiene persiguen conservar el modelo económico existente, muy lejos de iniciar un proceso de cambio económico y social.

La incapacidad del Gobierno para enfrentar la crisis económica que crece en espiral está siendo muy bien aprovechada por la derecha y ultraderecha. La incapacidad de Castillo es tal que ni siquiera mitiga los peores efectos de la crisis. Antes de llamar al diálogo a insultado a los que, con justa razón, hoy expresan su descontento y rechazo a la crisis y corrupción reinante.

En las actuales circunstancias lo que se requiere son medidas coyunturales que van desde la adopción de nuevas tecnologías (en relación a las demandas campesinas) hasta subsidios temporales. Se teme que dicha tarea no podrá ser asumida por los actuales burócratas nada competentes para los cargos de la administración pública, y que además se caracterizan por ser, muchos de ellos, corruptos.

El paro agrario, impulsado por los campesinos, y el paro de transportes, no han planteado en ningún momento una nueva Constitución ni exigen la renuncia de Castillo a la presidencia. El programa de lucha solo se contrae al otorgamiento de medidas inmediatas vía subsidios para reducir precios de fertilizantes y combustibles. No es, pues, contra el modelo económico neoliberal que se sostiene desde el Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva del Perú. Jesús Véliz Ramos