Nuestro país participó en la elaboración del Acuerdo de Escazú, suscribiéndolo coherentemente en setiembre de 2018 con la ilusión de su ratificación, a la brevedad posible, por el Congreso de la República. Sin embargo, lo paradójico es que ello aún no ocurre debido a la sinrazón de la mayoría de los legisladores de turno porque “afectaría la soberanía del país en materia de administración de justicia”. Lamentablemente, tenemos políticos de tan bajo nivel de conocimiento y entendimiento, y de extremo fundamentalismo político (abonado por intereses económicos) que repiten el mantra de razones de independencia nacional.
¿No será que detrás de la defensa de la supuesta soberanía, está la protección a los grupos económicos que tienen inversiones y explotan de la peor manera nuestros recursos naturales?
Recordemos que el Acuerdo de Escazú fue impulsado por la CEPAL y ha sido señalado por Naciones Unidas como “el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales”; posición recientemente ratificada por Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que ha expresado su preocupación porque “Corren un riesgo especial las personas que se manifiestan contra la deforestación, las actividades extractivas, la pérdida del patrimonio cultural o la identidad, o los proyectos de desarrollo y las empresas agrícolas a gran escala, incluidos los destinados a producir energía limpia, como las megapresas”. Jesús Véliz Ramos
